Cancelan visas a quienes socavan la democracia hondureña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Él Gobierno de los Estados Unidos anunció ayer que ha procedido a abandonar sin visa a todos aquellos funcionarios de este gobierno que socavan la democracia y generan violencia entre Hondureños.

El Departamento de Estado de ese gobierno condenó el reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto interino.

“Hoy, estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciertas personas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. “Varios de estos individuos llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otros fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a la movilización de grupos violentos, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en heridos”.

Asimismo, el gobierno estadounidense advirtió que “estas acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de Estados Americanos en septiembre de 2001”.

“Nos sumamos al llamado de la comunidad internacional a favor de que se restablezca el orden regular a través de medios pacíficos, transparentes y democráticos”, instó.

Asimismo, recordó que Estados Unidos apoya al pueblo hondureño y a quienes buscan fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Honduras, y seguimos comprometidos a promover la rendición de cuentas de quienes lo socavan».

El comunicado, titulado “Tomando medidas para imponer restricciones de visas en respuesta a acciones violentas y antidemocráticas en Honduras”, y firmado por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, omite el número de sancionados y los nombres de los funcionarios, argumentando que “las visas los registros son confidenciales según la sección 222(f) de INA” y que “las solicitudes individuales de la sección 212(a)(3)(c) de INA no pueden divulgarse públicamente”.

Sin embargo, diversos sectores sugieren que detrás de los hechos denunciados por el gobierno de Joe Biden está la Mesa Directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Rolando Redondo Guifarro del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Este organismo está integrado por Hugo Noé Pino del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña (Libre), Rasel Tomé (Libre), Scherly Arriaga (Libre), Ricardo Elencoff del Partido Liberal (PL) y Kritza Pérez ( PL).

Isis Cuéllar (Libre), Rosario Tejeda (PL), Carlos Zelaya (Libre), Luz Angélica Smith (Libre), Carlos Raudales (Democracia Cristiana), Fabricio Sandoval (Libre), Linda Donaire (Libre), Juan Barahona (Libre) y Silvia Ayala (Libre) completa la Junta Directiva.

Además, se recuerda que los actuales fiscales interinos, Johel Zelaya (general) y Mario Morazán (suplente), fueron elegidos por una Comisión Permanente integrada por nueve diputados, algunos de los cuales también forman parte de la Junta Directiva. Es el caso de Redondo, Zelaya, Noé Pino, Smith y Ayala, así como de Pérez, Tomé, Sandoval y Casaña. Otros diputados señalados por incitar a la violencia serían Sergio Castellanos y Mauricio Rivera, ambos de Libre.

Por otro lado, se menciona a funcionarios que incitaron a la violencia, como Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica; José Cardona, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad -por su omisión durante las agresiones a diputados opositores-; Marlon Ochoa, jefe del Servicio de Administración de Ingresos (SAR); Miguel Briceño, comisionado presidencial para la reforestación, entre otros.

“Aplaudo las medidas para imponer restricciones a los comunistas hondureños. Las restricciones de visas son un crudo recordatorio de las consecuencias de socavar la democracia. El gobierno en el poder en Honduras debe reflexionar sobre sus acciones irregulares y su impacto negativo”, dijo el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, fundador del Partido Alianza Patriótica.

Por su parte, Salvador Nasralla, líder del PSH, afirmó: “Estados Unidos condena el uso de la violencia y la intimidación para nombrar de manera irregular a los fiscales generales y adjuntos. Informan que están tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciudadanos que convoquen a movilizaciones y agresiones físicas contra quienes buscan el respeto a la democracia. Las acciones que se están tomando en Honduras en el Congreso nacional no están acordes con los principios de la Carta Democrática Interamericana que Honduras firmó en 2001”.

“Es verdaderamente impresionante como 9 amigos que tienen en común el Síndrome de Hubris, caracterizado por un ego excesivo y desprecio por las opiniones y necesidades de los demás, hoy estos 9 amigos han asesinado al agonizante Ministerio Público, generando incertidumbre, ahuyentando la inversión, fomentando el desempleo. , violencia, migración, desplazamiento forzado, falta de medicamentos, encarecimiento de la canasta básica, debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho”, dijo la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez.

Por otro lado, Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó en la cadena X: “Condenamos los intentos de socavar la democracia hondureña mediante violencia y actos de intimidación para permitir el nombramiento sin precedentes de un fiscal general y un Fiscal General Adjunto en funciones sin los votos necesarios”.

Al igual que en Honduras, el 11 de diciembre el Departamento de Estado sancionó a unos 300 funcionarios del gobierno guatemalteco, encabezado por Alejandro Eduardo Giammattei.

La medida se produjo luego de que la Fiscalía amenazara con anular las elecciones generales que dieron la presidencia a Bernardo Arévalo, el 21 de agosto de este año. La acción se produjo por “atentar contra la democracia” en Guatemala. De hecho, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, acusó al Ministerio Público guatemalteco de realizar “acciones antidemocráticas” contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Las órdenes de arresto contra trabajadores electorales, el pedido de levantar la inmunidad judicial de Arévalo y los intentos de anular los resultados electorales son, para Miller, los factores que motivaron a Estados Unidos a restringir las visas.

El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, dijo que es interesante que Estados Unidos no proporcione los nombres de los desviados. “Me imagino que allí sancionarán por igual a todos los involucrados en hechos de violencia en el Congreso”.

Pero, continuó, “es una más de esas medidas unilaterales a través de las cuales una potencia extranjera busca modificar una decisión soberana con la que no está de acuerdo. Condené la violencia en su momento y la condenaré siempre, venga de donde venga. También condeno la injerencia externa en asuntos soberanos”, afirmó Pastor.