El Consejo Gremial Nacional pidió al presidente Gustavo Petro “seguir trabajando juntos en el marco de la Constitución y la ley, con el objetivo de resolver los desafíos en materia de cobertura y calidad” de los servicios públicos en todo el país y así seguir consolidando los grandes logros que se construyen en materia de servicios públicos domiciliarios”.
De igual forma, el gremio manifestó su preocupación frente a las decisiones anunciadas por el presidente de asumir las funciones de regulación que actualmente está a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Además, se fortalecerá una invitación a que se fortalezca el sistema de prestación de servicios públicos domiciliarios “sin quebrantar la institucionalidad vigente, lo cual, pondría en riesgo la sostenibilidad en la prestación de los servicios y la competitividad del país”.
Los gremios del país destacanon que “el sistema actual de servicios públicos domiciliarios es el resultado de una modernización iniciada en la década de los noventa, y responde a las normas y principios contenida en la Constitución de 1991.
Desde entonces, dicen, dichos servicios han sido prestados por el Estado y por particulares, quienes han convivido armónicamente con una regulación que ha respondido a las finalidades sociales de Estado.
De acuerdo con cifras oficiales, Durante las últimas tres décadas se han ampliado las coberturas en el servicio de electricidad de un 85 al 97 por ciento; en el acceso a agua potable se ha pasado de un 76 al 93 por ciento; en alcantarillado se ha ampliado la cobertura de un 61 al 90 por ciento y por último, para el servicio de gas natural se pasó de una cobertura del 17 al 67 por ciento.
“Con esto ha dado una solución a las necesidades básicas insatisfechas de millones de colombianos para reducir los incumplimientos de la desigualdad y mejorar la calidad de vida de millones de hogares”, dijo el Consejo Gremial.
Así mismo, aseguró que los desafíos que todavía existen en materia de cobertura y calidad se pueden abordar de manera colectiva, consensos dentro de la institucionalidad vigente, garantizando los criterios de construcción de eficiencia económicaneutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, sencillez y transparencia contenidas en la ley.
De lo contrario, “significará ineludiblemente poner en riesgo la prestación y la calidad de los servicios públicos, lo cual, tendrá impactos, tanto en la calidad de vida de los colombianos como en la competitividad del pís”.
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