La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha anunciado un ambicioso “mega plan” en la televisión nacional que incluye al menos 14 medidas para hacer frente a la creciente ola de criminalidad en el país. Este plan, desarrollado conjuntamente con el Consejo de Defensa y Seguridad presidido por Castro, busca implementar “pasos radicales en el plan de solución contra el crimen”.
En su discurso, el presidente llamó a todos los actores judiciales a “planificar e implementar de inmediato intervenciones en los asentamientos con mayores índices de criminalidad”. Los delitos en cuestión incluyen sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de dinero, que según Castro son cometidos por “marcas, pandillas y grupos del crimen organizado”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció la detención inmediata de los líderes y miembros de estas organizaciones criminales. La medida pretende desmantelar organizaciones que han sembrado el miedo en muchas comunidades hondureñas.
Una de las propuestas más destacadas del plan es la construcción inmediata de un Centro de Detención de Emergencia (CRE) en un despoblado entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. Este nuevo centro, que tendrá una capacidad para 20.000 personas, servirá para trasladar a internos de otros centros que hayan sido procesados por los delitos antes mencionados. Además, hay planes para construir una prisión de alta seguridad en la Isla del Cisne en el Mar Caribe de Honduras, cuyo objetivo es fortalecer el sistema penitenciario del país.
Para implementar estas medidas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que sería necesaria una reforma del código penal. Recomendamos que los miembros de pandillas que cometan delitos graves sean clasificados como “terroristas”. Estas reformas también incluyen aumentar las penas para quienes atenten contra la vida y la integridad de los funcionarios de seguridad y justicia.
Redondo también mencionó que el Congreso discutirá leyes que regularán la venta de tarjetas SIM para celulares y reformarán la Ley del Banco Central. Estas medidas están diseñadas para controlar las transacciones electrónicas que a menudo se utilizan para delitos como la extorsión.
Otra medida prevista es la introducción de brazaletes electrónicos y otros dispositivos técnicos para la supervisión de los acusados en libertad condicional. Esta estrategia busca mejorar el seguimiento y control de las personas en libertad condicional, aumentando así la seguridad pública.
A pesar de la magnitud de estas medidas, ni las organizaciones de derechos humanos ni las de protección ambiental se han pronunciado hasta el momento sobre las acciones anunciadas por el gobierno. La ausencia de comentarios puede reflejar la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
No hay que olvidar que el presidente Castro ya declaró la emergencia de seguridad nacional en noviembre de 2022 y lanzó la “guerra contra la extorsión”. Esta declaración se produce en el contexto de una crisis de seguridad marcada por hechos trágicos como el motín carcelario en el que murieron 46 mujeres.
El nuevo “megaplan” representa un importante esfuerzo del gobierno hondureño para abordar el aumento de la violencia y el crimen. Sin embargo, su éxito depende de la implementación efectiva de estas medidas y de la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo que requiere no sólo una acción enérgica, sino también un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia en el país.