Mié. Feb 21st, 2024
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la junta de 2019.IBERDROLA (Europa Press)

Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, ha puesto este miércoles las cartas sobre la mesa en la Audiencia Nacional. La compañía energética, que se sienta en el banquillo acusada de inflar el precio de la electricidad en 2013 para conseguir un beneficio multimillonario, ha negado que actuara de manera “reprochable” y ha rechazado todas las maniobras que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción para alterar el mercado. Durante su declaración en el juicio, el representante de la empresa ha dicho que “no hubo ninguna manipulación” y se ha escudado en que se procedió de forma “consistente en un mercado liberalizado”.

“Estamos en desacuerdo [con las acusaciones] y creemos que no hay ninguna conducta reprochable: ni administrativamente, ni mucho menos en lo penal”, ha defendido Francisco de Borja García Ruiz, director de los servicios jurídicos de Iberdrola España, que ha hablado desde el banquillo en nombre de la eléctrica, imputada como persona jurídica. García ha argumentado que, tras las investigaciones internas pertinentes, Iberdrola concluye que no se cometieron ilegalidades en el seno de la compañía. “Ningún control de los existentes ha saltado”, ha apostillado. En esa línea, cuatro directivos de la sociedad, también acusados, han alegado que la subida del precio respondió a las condiciones y previsiones meteorológicas del periodo bajo sospecha, cuando las lluvias eran escasas y se vaticinaba “sequía”. Según han remachado, otros operadores actuaron igual: “Todo el mundo subió el precio”.

La Fiscalía, que pide condenar a Iberdrola a pagar una multa de casi 85 millones de euros y el decomiso de todas las ganancias que obtuvo con esa operación, sostiene una tesis diferente. En su escrito de acusación, asegura que la compañía alteró de forma artificial el mercado entre el 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013, al “aumentar (sin causa legítima que lo justificara)” el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Esa alza provocó que dichas ofertas no casaran en el sistema, por lo que se acabó “retirando de programación a las centrales referidas”.

“Esto es, [esas hidráulicas] dejaron de producir energía […] Y, como consecuencia, se provocó que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios más elevado frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas”, expone el citado escrito.

Según la acusación pública, esta maniobra se ejecutó de forma consciente con el objetivo de obtener un enriquecimiento ilícito y con la finalidad de “perjudicar a los consumidores”. El ministerio público calcula que la maniobra permitió a Iberdrola obtener un beneficio superior a los 21 millones de euros, y causó un supuesto perjuicio de 107 millones, “soportado” por los consumidores, empresas comercializadoras y aseguradoras.

La eléctrica lo niega. “Se ha revisado el procedimiento en todos sus ámbitos”, ha defendido este miércoles el representante de la empresa, “y creemos que no hay ninguna conducta reprochable a Iberdrola”. A preguntas de las acusaciones, García también ha ejercido de cortafuegos: ha precisado que la decisión sobre el precio que se ofertaba al mercado queda fuera de las “funciones del consejero delegado” y ha circunscrito toda la responsabilidad al área de gestión de la energía, bajo la que operaban los cuatro directivos que se sientan en el banquillo. Aunque, según ha mantenido la compañía, todos actuaron de forma correcta.

Además de a Iberdrola, Anticorrupción también acusa a Ángel Chiarri, entonces director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Operación Global. Pide para ellos una pena de dos años de cárcel.

En líneas generales, los cuatro directivos han explicado que los equipos bajo sus órdenes introducían sus previsiones en un sistema informático y, sobre la base de sus “modelos matemáticos”, se fijaba el precio a ofertar en el mercado. “No hubo ninguna indicación para subir el precio”, han repetido todos ellos. “Era una decisión colegiada, basada en argumentos técnicos de gente muy experimentada. Una decisión colegiada que se eleva”, ha asegurado Rapún durante su interrogatorio de este miércoles.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal

La agenda de Cinco Días

Las citas económicas más importantes del día, con las claves y el contexto para entender su alcance.

RECÍBELO EN TU CORREO

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

_