TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la indiferencia de las autoridades hondureñas por investigar los negocios que rodearon las compras por más de 30.000 millones de lempiras al Tasa de seguridadllevados a cabo entre 2013 y 2021, es el sistema de justicia estadounidense el que persigue la corrupción y el soborno que rodean estos fondos.
Por prácticas corruptas en el extranjero, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó judicialmente, en noviembre del año pasado, a los ciudadanos estadounidenses Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena, así como al hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, director ejecutivo del Impuesto de Seguridad.
Ambos están acusados de blanqueo de capitales y distribución de sobornos en relación con dos contratos para la compra de uniformes y accesorios destinados a la Policía hondureña por un monto de 10,4 millones de dólares, unos 241 millones de lempiras (según el tipo de cambio de 23,03 entre 2025 y 2016), dinero que los contribuyentes aportaron para combatir la inseguridad.
El CNDS
Tres resoluciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de 2015 y 2016 exponen las raíces del caso por el que la justicia estadounidense solicitó la extradición de Cosenza.
En junio de 2015, la CNDS elaboró dos proyectos de resolución 055-2015; En el primero se estableció que se realizaría una compra de uniformes policiales por valor de 4.191.045,94 dólares, unos 96 millones de lempiras (al tipo de cambio 23,03).
Un cuadro detalló la adquisición de 26.064 uniformes de faena, igual número de pantalones y gorras, así como 13.010 cinturones de fatiga por un monto de 2.035.912,94 dólares.
Luego, otro lote de 24.000 camisas de hombre diarias, la misma cantidad de pantalones; 1.010 camisetas diarias para mujer, similar cantidad de pantalones y 13.010 botas tácticas, todo por un valor de 2.155.133 dólares.
Unos días más tarde, se escribió un segundo borrador; sólo uno de los considerandos estableció una compra por un valor de 4.873.253,76 dólares, sin embargo, lo que apareció como aprobado fue 4.191.045,94 dólares.
Finalmente, el 15 de junio, según los papeles del Impuesto de Seguridad, se firmó la resolución 055-2015, que fijó definitivamente la cantidad de 4.873.253,76 dólares, equivalentes a unos 112,2 millones de lempiras.
El documento precisó que la compra se realizaría a la empresa Tactical Products Group (con sede en Florida, Estados Unidos), argumentando que presentó una oferta que cumplía con las especificaciones técnicas requeridas por el Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, según la demanda en la Corte del Distrito Sur de Florida que tiene a Cosenza con un pie en una prisión norteamericana, el 25 de junio de 2015 un ejecutivo de una empresa de Georgia firmó un contrato de 4,8 millones de dólares con el representante legal de el Impuesto de Seguridad en ese momento (Cosenza).
EL HERALDO Plus identificó que la empresa de Georgia es Atlanco LLC, de la cual Carl Alan Zaglin es propietario; Él junto a otro socio llamado Aldo Néstor Marchena son parte del proceso por lavado de dinero y prácticas corruptas en la promoción de ofertas, promesas, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero.
cambio de empresa
El 6 de julio de 2015 – once días después de que el representante de Atlanco firmara el contrato con Cosenza – la CNDS emitió la resolución 066-2015, modificando la resolución 055-2015, estableciendo que ahora la empresa que proporcionará los uniformes policiales ya no es Táctica. Products Group, sino Atlanco LLC, porque “su oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas”.
En la nueva resolución el monto establecido es de 4.873.253,76 dólares.
Según la acusación presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, “el 9 de septiembre de 2015 o alrededor de esa fecha, Zaglin se reunió con Luis Berkman y Marchena en la oficina de Florida Company I en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida, para discutir la posibilidad de hacer pagos de sobornos a funcionarios del gobierno hondureño”.
“El 6 de octubre de 2015 o alrededor de esa fecha, Zaglin, en nombre de la Compañía 1 de Georgia, y Marchena, en nombre de la Compañía 1 de Florida, celebraron un acuerdo de corretaje falso para ocultar pagos de sobornos a funcionarios del gobierno. Hondureño.
El Acuerdo de Intermediación requería que la compañía Georgia 1 pagara a la Compañía Florida 1 el 25.4% de los ingresos que la Compañía Georgia I recibió de la Tasa, bajo el primer contrato uniforme”, afirma la demanda.
Segundo contrato
En junio de 2016, Luis Berkman -en representación de Atlanco- presentó una oferta al Impuesto de Seguridad para vender uniformes y accesorios policiales adicionales por un monto de 5,6 millones de dólares.
Luego, en sesión celebrada el 15 de agosto de 2016, según acta 010/2016, la CNDS aprobó una segunda compra de uniformes para la Policía, y mediante resolución 032-2016 de 26 de agosto, instruyó al Comité Técnico del Fideicomiso a desembolsar 7.344.868,78 dólares, equivalentes a más de 168.931.981,94 lempiras por dichos implementos.
El documento establece que este dinero será para “la adquisición de nuevos uniformes y accesorios para la Policía Nacional de Honduras a la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (IMFFAA) y a la Empresa Atlanco LLC”.
Esta resolución fue firmada por el entonces presidente Juan Orlando Hernández; por Mauricio Oliva como presidente del Poder Legislativo; Rolando Argueta, como presidente de la Corte Suprema de Justicia; Julián Pacheco como Ministro de Seguridad; Samuel Reyes como Ministro de Defensa y el teniente coronel Carlos Roberto Aldana como secretario ejecutivo del CNDS.
El 26 de octubre de 2016, Atlanco y Tasa de Seguridad, representadas por Cosenza, firmaron el contrato por 5,6 millones de dólares.
El 6 de enero de 2017, Marchena se reunió con Cosenza en Miami para discutir la apertura de la empresa estadounidense Front Company 1, según la acusación presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.
Entrega uniforme
Desde que lo que se hacía con el dinero del Impuesto de Seguridad se manejaba bajo el amparo del secreto que brinda la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como la “ley de secretos” -aprobada en 2014-, hasta Al recibir los uniformes policiales había un nivel de confidencialidad.
Documentos en poder de EL HERALDO Plus revelan que los uniformes y otros implementos fueron entregados en el área de envío de la maquila de Prendas Básicas del parque industrial CBI ubicado en La Ceiba.
Así lo detalla un memorando: “Por la presente les informo que tres entregas de uniformes tácticos de la Policía Nacional han sido recibidas por la empresa Ropa Básica en el parque industrial CBI en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida”.
En otro documento policial se ordena recibir los uniformes, calzado y complementos de la Policía Nacional de manos del representante del Impuesto de Seguridad Poblacional, levantando el respectivo acta de recepción de los artículos fabricados por la empresa Atlanco, Indumentaria Básica del CBI. parque industrial, al mismo tiempo entregar en el Centro de Apoyo Logístico de la Policía (Calpo).
A pesar de que la Unidad Investigadora de EL HERALDO Plus desde 2018 viene reportando casos de despilfarro de dinero del Impuesto de Seguridad en compras de todo tipo, realizadas por el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas, entre otras entidades, el Ministerio Público ha No he hecho ninguna investigación.
Anteriormente, la Fiscalía argumentó que no podía investigar estos casos porque la documentación estaba protegida por la “ley de secretos”, sin embargo, esta norma que actuaba como escudo de la impunidad fue derogada por el Congreso Nacional en marzo de 2022.
Fechas importantes
25 de junio de 2015
Un ejecutivo de la empresa Atlanco LLC, de Georgia, firmó un contrato por 4,8 millones de dólares -lo establecido en la resolución 055-2015- con Francisco Roberto Cosenza Centeno, director y representante legal del Impuesto de Seguridad.
6 de julio de 2015
La CNDS emitió la resolución 066-2015 modificando la resolución 055-2015 y determina que ahora la empresa que proporcionará los uniformes es Atlanco LLC, porque su oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
29 de septiembre de 2015
La empresa Atlanco, a través de la maquila Ropa Básica, del parque industrial CBI, ubicado en La Ceiba, Atlántida, realizó la primera entrega: 10 mil pantalones tácticos, 10 mil camisetas tácticas y 10 mil gorras de fatiga.
26 de agosto de 2016
La CNDS, a través de la resolución 032-2016, dispuso gastar más de 7,3 millones de dólares, equivalentes a 168,9 millones de lempiras, para la compra de más uniformes policiales. De ese monto, asignó un nuevo contrato de 5,6 millones de dólares a Atlanco LLC.
28 de noviembre de 2023
La Corte del Distrito Sur de Florida conoce el caso, donde la fiscalía acusa a los estadounidenses Carl Alan Zaglin, Aldo Néstor Marchena y al hondureño Francisco Roberto Cosenza por lavado de dinero y recepción de sobornos.
8 de enero de 2024
El Secretario de Seguridad informó sobre la captura de Roberto Cosenza con fines de extradición luego de que fuera acusado en un tribunal del Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y recepción de sobornos en contratos de uniformes policiales.
