Mié. Abr 24th, 2024

El sueño de unas 52.000 familias que se postularon, antes del inicio del gobernador de Gustavo Petro, al programa de subsidios Mi Casa Ya, para comprar su vivienda nueva, podría quedar truncado, o al menos en el limbo, y los postulantes que ya están habilitados ya la espera del giro de la ayuda estatal para firmar escrituras tendrán que seguir pagando arriendo mientras definirse así definitivamente su beneficiario bajo el nuevo enfoque propuesto por la actual administración, que establece que los hogares postulados deben contar con la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20.

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Así surge de los informes de observaciones y respuestas al proyecto de creto del Ministerio de Viviendaque modifica las condiciones de acceso al programa estatal y que, según las fuentes consultadas, ya se han firmado este jueves por el Ministerio de Hacienda (ya lo había hecho el Ministerio de Vivienda), sin contemplar un proceso de transición para quienes ya se habían postulado y resultaron habilitados, hicieron negociación con una constructora y están a la espera del subsidio.

En el documento, el Ministerio de Vivienda declaró ‘no aceptado’ una observación al proyecto de creto que pedía que las modificaciones al programa empezaran a regir de las nuevas postulaciones que van a recibir en el 2023.

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«El estado ‘Habilitado’ no constituye la reserva de un subsidio, ni convierte al hogar en beneficiario del programa. Este estado es el resultado de una primera verificación de solicitudes del hogar, lo que indica que este cumplió con varias solicitudes del programa y puede continuar con su proceso para acceder al subsidio. Sin embargo, esto no significa que la entidad de crédito o de economía solidaria haya solicitado la solicitud del filial de Fonvivienda, por lo cual el hogar aún no es beneficiario del programa, por lo anterior, si el hogar desea continuar con su proceso para ser beneficiario de un subsidio deberá cumplir con la reglamentación que se encuentre vigente al momento de la destinación del subsidio”, señala el Documento oficial publicado en la página del Ministerio de Vivienda.

sin rotonda

Y pese a que el 10 de marzo la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) presentó nuevo a la Minvivienda un documento con unas observaciones a esas respuestas, la entidad oficial no tuvo en cuenta este punto clave, con el que también coincide el mismo Departamento Nacional de Planeación (DNP)el Fondo Nacional del Ahorro (entidad estatal) y la Asociación Bancaria, entre otros.

Y advierto que, de aplicar la nueva politica estatal, en la que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) Priorice a los hogares de manera Previa a la verificación del cierre financiero y acceda a la oferta, habría hogares priorizados que a la larga no podrían acceder a los subsidios por falta de cierre financiero o por no haber en el mercado la vivienda de su interés, pero mantendrían la falsa expectativa de ser beneficiarios del subsidio.

¿Cuál es el impacto?

En el caso del sector constructor, se calcula que las 52.000 viviendas con postulantes habilitadas a la espera de la firma de escrituras implican una inversión de 6.300 millones de pesos como monto de las unidades habitacionales y, de este valor, 4.400 millones de pesos es el apalancamiento de los empresarios a través del credito constructor.

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Además, los constructores que se harán cargo de la construcción de esta vida y financiarán su ejecución con este crédito estarán abocados a pagar intereses mensuales del pedido de 78.000 millones de pesos, costo que hace inviable cualquier proyecto en cinco meses.

Y, además, los 52.000 hogares quedan en vilo o en el limbo por no existir el esquema de transición, tendrán que seguir pagando arriendo, ya que no podrán habitar las viviendas por las que han ahorrado, cifra estimada en 20.400 millones de pesos mensuales.

Es decir que el costo para el país y los hogares de no entregar esas viviendas aumentan a 98.400 millones de pesos al mes, es decir casi 1,2 billones de pesos al año.

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