El 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó, por mayoría, a favor de avanzar con el pliego de condiciones para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Sin embargo, esta decisión provocó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien advirtió de supuestos riesgos de desestabilización electoral ante lo que calificó como la posible repetición de prácticas cuestionables del pasado.
Pleno aprobó el trep y desató tensiones
En una votación dividida dos contra uno, se autorizó el proceso de licitación del TREP, generando críticas intensas de sectores vinculados al bipartidismo. Uno de sus líderes aseguró que Ochoa parecía temer por su continuidad en el órgano electoral y lo acusó de realizar gestiones en Sudamérica con el supuesto propósito de favorecer a empresas específicas.
Este clima de tensión se agudiza debido a las acusaciones de Ochoa sobre un posible vínculo entre el bipartidismo y proveedores del sistema electoral con antecedentes polémicos. Ochoa sostuvo que se pretendía asignar el TREP a una empresa bajo un nombre distinto, la misma que operó en procesos previos, según su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El consejero apuntó a la posible reaparición de un modelo similar al utilizado en 2017, cuando ciertos procesos electorales fueron criticados por falta de transparencia. Ochoa sostuvo que existe riesgo de que bajo nuevos nombres se vuelva a usar la misma firma, cuestionando las estructuras detrás de la licitación. Subrayó que este esquema se enmarca dentro de un patrón histórico que busca mantener el control del TREP en manos del bipartidismo.
Perspectivas: antiguos asesores y figuras políticas
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros exfuncionarios recordaron que la aprobación del pliego fue una decisión legal y colegiada del Consejo, indicando que ahora corresponde el debate técnico tras dicha aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no solo está centrado en acusaciones políticas, sino que también abarca aspectos legales. Un elemento relevante es cómo se interpretan las reglas electorales respecto a la transmisión de datos y actas. Ochoa destacó que la ley requiere total transparencia a través de una conexión directa con los partidos y observadores, aunque evaluaciones independientes han señalado que el requerimiento legal se aplica únicamente a nivel presidencial y en plazos definidos, tal como especifica el artículo 278 de la Ley Electoral.
Según expertos, lo establecido es que las actas presidenciales deben transmitirse simultáneamente al CNE y a los partidos, pero el artículo 279 no exige hacer lo mismo con todas las actas ni extender la obligación más allá del nivel presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La líder del CNE destacó que este método no funcionará como un sistema automatizado sin intervención humana, evitando situaciones similares a otras naciones donde la transmisión se hace solo a través de computadoras. Afirmó que las regulaciones diferencian claramente entre el conteo, realizado en el lugar de votación, y la comprobación que lleva a cabo el CNE, manteniendo controles humanos vigentes.
Desde diversas facciones se expresaron dos opiniones: una celebró la aprobación argumentando que disminuye las posibilidades de manipulación, mientras que la otra culpó al asesor de Libre de intentar imponer sistemas autoritarios parecidos a los de Venezuela.
Potenciales efectos y procedimientos legales
La acusación de Ochoa ha generado un escenario de incertidumbre. Por un lado, se vislumbra la posibilidad de impugnaciones legales a la licitación del TREP. En tribunales o instancias de revisión, se podrían argumentar irregularidades técnicas o favoritismo, en caso de que se confirme que una empresa con historial cuestionado participa nuevamente.
Además, la crispación política podría debilitar la confianza en los resultados preliminares, afectando la legitimidad del proceso electoral que culminará en noviembre. La presión surge tanto de sectores que exigen mayor transparencia como de grupos que defienden la institucionalidad colegiada del CNE.
Retos para la institucionalidad en el ámbito electoral
El caso ilustra las dificultades que enfrenta el CNE. Se hace más claro que es necesario fortalecer los aspectos técnicos, legales y políticos relacionados con el TREP. Quejas como las de Ochoa podrían ser positivas si incentivan revisiones minuciosas, aunque también pueden servir como instrumentos de confrontación política.
Para asegurar confianza, es esencial que existan:
- La claridad en los estándares de adjudicación del TREP, asegurando ausencia de favoritismos.
- El fortalecimiento de mecanismos legales que permitan auditar y, en caso necesario, impugnar decisiones del CNE.
- La inclusión de actores externos —observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en procesos de supervisión.
- El diálogo colegiado como instrumento para remontar tensiones internas.
